Denuncian ante el TSJEx la modificación de la Junta para proteger la urbanización ilegal de Valdecañas

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) admitió a trámite el pasado 24 de febrero el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Federación de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza de Extremadura (FONDENEX) contra la resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura por la que se modificaban los límites de 11 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

El decreto, publicado el 22 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de Extremadura, afectaba a los embalses de Arrocampo, Borbollón, Valdecañas, Valuengo, Horno-Tejero, Alcántara, Brozas y Vegas Altas, así como al complejo lagunar Egido Nuevo y las charcas de la Dehesa Boyal de Navalmoral y de la Torre. La Junta argumentó que los cambios obedecían a defectos cartográficos en los mapas originales y a una mayor precisión derivada del uso de teledetección satelital.

FONDENEX sostiene, sin embargo, que el decreto tiene un objetivo encubierto: excluir de la ZEPA de Valdecañas la isla sobre la que se asienta la urbanización cuya demolición ordenó el Tribunal Constitucional por unanimidad al considerarla ilegal. En esa ZEPA, las modificaciones son las más relevantes, con una reducción neta de 324,9 hectáreas, de las cuales más del 60 % corresponden a la isla en cuestión.

La federación denuncia además múltiples irregularidades de fondo: la ausencia de autorización de la Comisión Europea, la falta de informe del Ministerio de Agricultura y de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, la inexistencia de un estudio científico que justifique los cambios y la omisión de una evaluación de impacto ambiental para cada una de las 11 zonas afectadas. A ello se suma que las ZEPAs fueron declaradas mediante la Ley 2/2023, por lo que su modificación requeriría una norma de igual o superior rango y no puede realizarse mediante decreto.

FONDENEX ha solicitado al TSJEx que declare el Decreto 180/2025 contrario a derecho y que acuerde su suspensión cautelar, al entender que vulnera la legislación española, autonómica y europea —incluidas las directivas de Aves y de Hábitats— y que constituye un fraude de ley orientado a obstaculizar la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional.